La causa que investiga el atentado contra CFK confirma la planificación del magnicidio, así como la intencionalidad de asesinar a la ex mandataria y actual vice presidenta de la República.
Aunque el móvil del hecho es eminentemente político, el ataque es calificado como un intento de homicidio calificado.
Una vez más, aparece ante nosotros, el nado sincronizado entre los medios de comunicación y comodoro Py. Mientras que el periodismo hegemónico intenta subestimar a los atacantes y al ataque en sí, la jueza Capuchetti degradó la caratula de la investigación a homicidio, restando contenido político a la gravedad institucional que representa para el orden democrático el atentado terrorista.
Resulta imposible imaginar las consecuencias políticas, sociales y económicas si el “homicidio calificado” se hubiera concretado con éxito.
Claro, que, en tal caso, algún columnista hubiese interpretado – observando con sigilo las imágenes en vivo- que la atacada no era Cristina, sino una actriz venezolana, cuidadosamente maquillada por la Cámpora.
En ese país vivimos.
Otro acontecimiento judicial que pretende ocultar la naturaleza política de los hechos es que la jueza se negó a absorber la causa que investiga al grupo ultra derechista “revolución federal”.
La pista política a investigar está absolutamente ligada a la ola de actos violentos que se vienen reproduciendo en el país, junto con la innegable complicidad policial en la Ciudad Autónoma de Bs As, más las fuentes de financiamiento.
Luego de imputar formalmente a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte, por "haber intentado dar muerte" a la vicepresidenta con una pistola Bersa calibre .32, "contando para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos", la jueza Capuchetti – a paso de tortuga- ordena la detención de Nicolás Carrizo, el jefe de la banda.
La aprehensión fue algo particular. Desde el juzgado le avisaron que podía pasar a buscar su celular – que anteriormente había entregado para que se realicen pericias- y cuando apareció por el tercer piso de Tribunales le comunicaron que quedaba detenido.
Sorpresivamente, y en el curso del día, el flamante arrestado ya tenía abogado.
Éste es el primer condimento político que aparece al redor de la banda; los abogados de Carrizo son asesores del PRO en el poder legislativo.
La defensa integrada por la Dra Brenda Salva (Asesora de la diputada Karina Bachey – PRO-) y su colega Gastón Marano (Asesor del Senador Ignacio Torres-PRO-) comienza a confrontar con la versión mediática que pretendía instalar la teoría de “los locos sueltos”.
Cabe destacar que Marano es uno de los abogados mejor remunerados de la ciudad de Buenos Aires. Sus honorarios por la defensa equivalen a más de cien años de venta de copos de azúcar en los bosques de Palermo, incluso con carrito fijo en el planetario y sucursales en costaneras norte y sur.
Por suerte para Carrizo, el benéfico Marano decidió ceder el costo de sus servicios por el prestigio que implica defender a un acusado de magnicidio. (Si hablamos de marketing… ¿cómo se le escapo Barreda, no?)
Remontémonos a dos semanas antes del atentado. Tal vez sea ésta la primera de las pistas políticas del mismo, que seguramente tendrá que indagar el juzgado de Capuchetti, que transita la investigación un poquito caminando y otro poquitito a pie.
El 18 de agosto, Gerardo Milman presento un proyecto de resolución en la cámara de diputados advirtiendo un "falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla".
Dice: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”.
¿Con qué información contaba el diputado para predecir un ataque a Cristina? ¿Cuáles son sus vínculos con los grupos de ultra derecha que promocionan la candidatura de su jefa política, Patricia Bullrich?
Lo cierto, es que tarde o temprano el diputado Milman tendrá que acudir a Comodoro Py para responder algunas preguntas. ¿puede que se le aplique la “doctrina Irurzun por relaciones residuales?
En estos últimos días se dio a conocer una carta de Sabaj Montiel a la jueza, especificando que dejaba su defensa en manos de Hernán Carrol; un ultraderechista que fue candidato a concejal de Espert en la Matanza, vinculado a Milei, que participó en actos con los que él mismo llama los halcones del PRO; Patricia Bullrich, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Gerardo Milman.
Carrol -en una entrevista televisiva- aseguro que compartió una cena de cumpleaños con Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y que horas después del atentado intentó comunicarse con Brenda para contactarla con algunos abogados que se ofrecían para defenderla.
Se abre otra punta de la investigación. En la misiva se lee un mensaje poco feliz para el líder de la fauna “centro derecha”: “Pagame un abogado o hablo”, “me metieron en esto, sáquenme ahora de acá”.
FOTO: Hernán Carrol entre Patricia Bullrich y Javier Milei (Marcha de las bolsas mortuorias)
Mientras el juzgado de Capuchetti sigue investigando, con su traje de malaquita, y su paso tan audaz, se conocen novedades en la causa “revolución federal.
Con la irrupción de grupos de ultra derecha, que se proponían “ganar la calle”, con la complicidad de la policía de la ciudad de Bs As; aparece una línea de financiamiento.
Parece que la clave para una reconversión económica con éxito – como proponía cambiemos en el gobierno- ya no abarca rubros como la cerveza artesanal o el pilotaje de drones; ahora garpan los cursos de carpintería por you yube.
Ni los libros mas osados de cultura neoliberal, que explican como amasar fortunas en pocas semanas, pudieron prever el milagro económico de Jonathan Morel, que con un curso online completó su primera factura de monotributo -por un trabajito de carpintería, que nunca realizó- por trece millones de pesos.
¡Háblame de la ley de la atracción!
¿A quién pertenece la empresa implicada, que paga una suma tal a un joven emprendedor, que casualmente visitaba medios como “La Nación más “, órgano oficial de los halcones del pro?
¡Cáspita! Al grupo Caputo.
Morel es el fundador de Revolución Federal junto a Leonardo Sosa, otro de los detenidos en los operativos de este jueves.
Para Martínez de Giorgi – el magistrado que tiene a su cargo el expediente que investiga solo a revolución federal- hay elementos que prueban el nexo entre la incitación a la violencia y el ataque frustrado contra Cristina.
Capuchetti ; en Pehuajó.
Hasta ahora, la pista política del acto terrorista está oculta. De seguir así, con la parsimonia de los encubridores, corremos el riesgo de iniciar un tiempo de violencia política sin parangón en la historia democrática iniciada en 1983.
Lee Harvey Oswald, presunto magnicida, acusado del asesinato del presidente John F. Kennedy, fue muerto dos días después - estando bajo custodia policial- por Jack Ruby, un empresario de la noche, ligado a la mafia.
Oswald llegó a declarar y negó las acusaciones, repitió una y otra vez; “soy sólo un idiota”.
Las encuestas de opinión han demostrado que la enorme mayoría de los estadounidenses no creen en la historia oficial de la famosa comisión Warren, que concluyo que Oswald actúo en soledad, disparando tres tiros letales desde un depósito de libros escolares.
Por su parte, el asesino del presunto magnicida, antes de morir confesó que: “el mundo nunca conocerá la verdad, mis motivos”.
Ruby no era un hombre ajeno a la política. Por pedido de Richard Nixon, en 1947, fue testigo en el comité de actividades antiestadounidenses dónde dejo clara su postura frente al comunismo. Por ese entonces Nixon utilizó todo su ingenio para cubrir las pistas sobre el declarante y su relación con la mafia.
Cinco años después era asesinado, en plena carrera a la nominación demócrata a la presidencia, Robert F. Kennedy, hermano de Jonh.
La historia tiende a repetirse cuando la investigación se posa sólo en los idiotas, con la finalidad de cubrir la pista de los autores intelectuales.
Un crimen político tiene su origen en motivaciones políticas. Resulta raro tener que aclarar semejante obviedad.
El ocultamiento de la pista política del atentado terrorista contra la vice presidenta nos ubica en una situación muy peligrosa para la convivencia democrática.
Con los idiotas presos no alcanza.
VIDEO: Razonamiento político del diputado Leopoldo Moreau sobre el atentado y las causas que se tramitan en los juzgados federales.
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