La criminalización de la protesta cabalga sobre la estructuración de un aparato represivo que se propone servir de sostén para la aplicación de políticas que tienden a la desigualdad.
No hay ajuste sin represión.
Así es como un derecho se transforma en delito y la represión en solución.
Nada más lejos de la realidad.
Por ello es que la derecha se empecina en hacer aparecer a la represión como un valor cívico, un ejemplo de ciudadanía responsable, que resguarda el orden público que tanto necesita el progreso para esparcirse por toda la sociedad.
Esta puesta en escena de la “represión justiciera” se transforma en el relato que oculta el verdadero motivo que tracciona el conflicto social. Se abandona la discusión de las políticas que lo ocasionan, para focalizarse en el amarillismo mediático contra los reprimidos. Los ajustados se convierten en victimarios y los ajustadores en víctimas.
Es la autopista del saqueo, sin escalas hacia una sociedad que imaginan dividida entre sumisos y saqueadores, es el sueño húmedo de la derecha argentina.
Lo demuestra la conferencia de prensa de juntos por el cambio, unidos por la foto y el discurso, para proteger al Gobernador Morales por la represión en Jujuy. Un verdadero anuncio sobre las políticas económicas de un hipotético nuevo gobierno de la coalición endeudadora.
Algo tendrá que hacer la democracia para frenar su desconsolidación. La virulencia de las declaraciones de Morales, culpando sin justificación al Kircherismo y desconociendo el reclamo del pueblo Jujeño, se suscribe a la nómina de la violencia política.
¿Qué tan lejos está la utilización de la rivalidad política para justificar la represión sobre un pueblo pacifico, del disparo que no salió y de la sentencia que proscribió a Cristina Fernández?
¿ Morales se animaría a reprimir la manifestación de un pueblo movilizado si existiera una justicia independiente del poder económico?
¿La conferencia de prensa de juntos por el cambio hubiese existido sin la presencia del partido judicial y su rol persecutorio?
¿Se podría montar un esquema represivo para sostener políticas que quitan derechos y otorgan beneficios al círculo de poder sin el dispositivo mediático, encargado del relato ajustador?
La aprobación y jura de la constitución de Morales se desarrolló a espaldas del pueblo, en la madrugada del feriado del 20 de junio, mediante un trámite exprés, con la legislatura vallada y fuertemente fortificada por las fuerzas de inseguridad.
La constitución que birla los recursos naturales y la propiedad de la tierra de los pueblos originarios en favor de la oligarquía provincial, representada por la agrupación política de Morales y por el PJ local, se aprobó en medio de un clima social enardecido por las demandas salariales de docentes, empleados municipales y otros trabajadores.
El aire se volvió más espeso en jujuy cuando, entre gallos y media noche, la represión de los reclamos tomó rango constitucional.
¿Sería posible que la corte suprema, que se mete en todo, se expida contra el texto constitucional de la provincia que contradice manifiestamente a la misma Constitución de la Nación Argentina?
Creo que no.
No fue el kirchnerismo. No fue la izquierda, ni Milagro Sala. La protesta, que se esparce por toda la provincia, es por la constitución de Morales. El caos que se vive es responsabilidad de él, de su reforma y de su respuesta autoritaria y represiva.
Morales se siente en la obligación de sostener la constitución que quita derechos y otorga negocios a su círculo de poder. Es su sostén político.
La represión para proteger el saqueo se convirtió en música para los oídos de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que lo premió con la candidatura a vicepresidente.
Por su parte, Morales ya está trabajando para reconstruir el orden, con detenciones arbitrarias, utilizando ilegalmente camionetas fantasmas de la empresa de su hermano y con allanamientos sin autorización judicial.
Jujuy resiste pacíficamente en las calles, temiendo por el día en que la lente del periodismo nacional abandone la provincia.
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